Fiscales estatales de EE. UU. abren investigación sobre OpenAI

La investigación estatal es potencialmente más peligrosa para OpenAI que la federal: los fiscales estatales tienen jurisdicción sobre protección al consumidor y privacidad de datos en sus territorios, y actúan con más agilidad que el Congreso. La combinación de datos de salud más publicidad apunta a los mismos vectores que ya generaron multas récord para Meta y Google en Europa.

Lo más significativo es el timing: OpenAI está en plena preparación para su IPO. Una investigación multiestatal activa es exactamente el tipo de riesgo de litigación que los bancos underwriters tienen que revelar en el S-1, y que puede frenar el momentum del deal o bajar la valorización.

Para OpenAI, la ironía es profunda: está intentando volverse pública justo cuando los reguladores empiezan a tratarla como empresa madura, sujeta a reglas de privacidad, publicidad y datos como cualquier tech company, y no como startup de investigación.